Señor Presidente:
Me dirijo a usted en nombre de la asociación ATTAC España, que como ya sabrá, se ocupa de analizar el contexto socio-económico internacional y nacional, y combatir desde el razonamiento y los datos, los planteamientos económicos perjudiciales para la ciudadanía.
El motivo de nuestra carta es el Acuerdo Internacional de Servicios (ISA en inglés) que se está negociando a nivel mundial. Este acuerdo pretende liberalizar todavía más el comercio y la inversión en servicios, e incluye una amplia gama de actividades: transporte, telecomunicaciones, construcción, marketing, ingeniería, provisión de energía, distribución del agua, sector bancario y de seguros, conservación de la naturaleza, ocio, educación, salud, y muchos más. Además, el ISA pretende expandir “disciplinas regulatorias” en todos los sectores de servicios que darían a los proveedores extranjeros acceso en las mismas condiciones que los proveedores domésticos, y restringiría la capacidad de los gobiernos y parlamentos para regular los servicios, lo que cambiaría fundamentalmente la regulación de muchos servicios públicos, privados, privatizados o comerciales, pasando de servir al interés público a servir en el mejor interés de las corporaciones privadas extranjeras.
ATTAC se opone a este acuerdo porque consideramos que una fuerte regulación de los servicios públicos y privados es necesaria para garantizar la democracia, el desarrollo y el interés público. La Democracia se erosiona cuando las decisiones sobre sectores importantes es transferida desde los ciudadanos y las administraciones a unos negociadores sin responsabilidad, que tienen como objetivo desregular y priorizar los beneficios de las corporaciones. El Desarrollo está en peligro cuando los servicios fundamentales, como la salud, el agua, la provisión de energía, la educación, etc., son dejados en manos de corporaciones extranjeras que sólo se preocupan de incrementar sus beneficios, y no así, de proveer con los mejores servicios a los ciudadanos.
El ISA no se asegurará de que las inversiones extranjeras en servicios se hagan de una manera que beneficie al interés público; en su lugar, dará más derechos a las corporaciones extranjeras para hacer negocio. Este acuerdo, incluso contempla la posibilidad de introducir una clausula que permita a las corporaciones extranjeras llevar a los gobiernos a juicio cuando estos se interpongan a sus intereses, reclamando indemnizaciones millonarias que tendrían que ser pagadas, consecuentemente, por los mismos ciudadanos.
Por todo ello, demandamos en nombre del interés público, que el gobierno informe sobre su participación en las negociaciones del Acuerdo ISA, y se abra un debate público sobre este acuerdo que incluya a los ciudadanos, a las agencias de regulación, proveedores de servicios públicos, usuarios, parlamentarios y otras organizaciones civiles que se centran en asegurar la accesibilidad y la alta calidad de los servicios públicos.
Esperamos que nuestras peticiones para salvaguardar los intereses de los ciudadanos sean escuchadas y tenidas en cuenta, el Bien Común debe prevalecer sobre los intereses privados en cualquier nación que se llame a sí misma “civilizada”.
ATTAC ESPAÑA