EDUARDO GARZÓN – 6 FEBRERO, 2012
Tras la
reforma fiscal propuesta por el equipo de Rajoy la semana pasada, legiones de analistas y periodistas se han lanzado de lleno a difundir mensajes apocalípticos sobre la evolución económica del país con motivo de estos nuevos recortes y estas nuevas subidas de impuestos. Muchos de ellos lo harán motivados por razones de desgaste político, otros por razones ideológicas, y otros porque de verdad estén convencidos de ello. Sin embargo, independientemente de sus motivaciones personales lo cierto es que –lo sepan ellos o no– sus afirmaciones son correctas.
Ya en los primeros años de cualquier curso sobre Economía se estudia que una política económica basada en un aumento de los impuestos y simultáneamente una contracción del gasto público es conocida como una “
política fiscal contractiva”. Y una política fiscal contractiva no es más que eso: una serie de medidas que buscan la contracción de la actividad económica. Su objetivo es enfriar la economía, provocando una ralentización en el crecimiento económico y colateralmente un aumento del desempleo. Este tipo de política económica es recomendada en épocas de boom económico, en el que un rápido crecimiento puede provocar serios problemas de inflación.
Sin embargo, a la vista está que no nos encontramos actualmente en una situación de crecimiento económico acentuado. Entonces, ¿por qué se aplican estas medidas que ralentizan la economía y provocan un aumento del paro? Pues porque la principal preocupación ahora no es el crecimiento económico ni la tasa de empleo, sino
el déficit y la deuda pública. Los gobernantes de los países europeos aplican medidas para reducir el déficit y la deuda pública acatando las imperiosas exigencias que provienen de las instituciones de la Unión Europea. La idea que quieren trasladar es que no puede existir crecimiento económico mientras no exista estabilidad fiscal; por lo tanto para generar riqueza a un ritmo adecuado primero es necesario reducir el déficit y la deuda de los países.
Pero esta reflexión es falsa. El desproporcionado déficit y la elevada deuda pública existentes no son la causa de que no haya crecimiento económico, sino que son la consecuencia. Y demostrar esto último es bastante sencillo. Basta con analizar la evolución de la deuda pública y el déficit público de los países para observar que los desequilibrios graves empezaron a originarse a partir de 2007, justo con el estallido de la crisis financiera global. En los siguientes gráficos se expone la evolución de ambos indicadores como proporción del Producto Interior Bruto desde el año 1999 hasta el año 2010 para los países de la Eurozona.
Fuente: Eurostat
Fuente: Eurostat
Como se puede comprobar, tanto el aumento explosivo de la deuda pública como el vertiginoso descenso de los déficits se produjeron como consecuencia de la crisis económica (el inicio queda representado en el gráfico por la línea naranja). Esto fue debido a una caída importante de los ingresos públicos como consecuencia de la ralentización de la actividad económica (a menor actividad económica, menor cantidad de impuestos que van a parar a las arcas públicas), y como consecuencia del aumento de gasto público (se aumentaron las partidas destinadas a proteger a los desempleados, se aumentó la inversión pública como intento de relanzar la economía, y se rescataron las instituciones financieras más dañadas por la crisis). Por lo tanto, combatir el déficit y la deuda no solucionará el problema porque no son las causas del mismo. Más al contrario, combatir el déficit y la deuda mediante políticas fiscales contractivas sólo hará que elcrecimiento económico se vea aún más dañado y que el desempleo aumente aún más. Por otro lado, estas políticas fiscales o ajustes ni siquiera sirven para reducir exitosamente el déficit y la deuda, tal y como
se ha comprobado en los países PIIGS durante los últimos meses, dado que estas medidas contraen la economía y con ella también los ingresos que obtienen los estados.
Pero si esto es así, ¿por qué son éstas las medidas que se recomiendan desde la Unión Europea? ¿Acaso ellos no han estudiado o no saben nada de economía? ¿O es que sencillamente son muy torpes? Pues ni una cosa ni otra. Ellos saben perfectamente cómo funciona la economía y también saben perfectamente qué es lo que están haciendo. Las personas que dirigen las instituciones de la Unión Europea prefieren solucionar los problemas de deuda y déficit antes que los problemas de crecimiento económico porque desean ante todo una estabilidad financiera plena que no altere el particular mundo de las finanzas. Durante los últimos años la Unión Europea ha dado prioridad al mundo financiero frente a cualquier otra dimensión económica, política o social en Europa. Prueba fehaciente de ello es la definición del principal objetivo que tiene el Banco Central Europeo: mantener la estabilidad de precios, salvaguardando así el valor del euro. Es decir, el banco central y más importante de Europa tiene como objetivo prioritario controlar la inflación y el valor del euro mucho antes que cualquier otro asunto. Merece la pena destacar que, por ejemplo, el banco central de Estados Unidos (la Reserva Federal) tiene dos objetivos principales con la misma importancia: controlar la inflación pero también fomentar el pleno empleo.
Otra prueba que demuestra el apego que tiene la Unión Europea por el mundo financiero es el artículo del Tratado de Maastricht en el cual se prohíbe expresamente que el BCE financie a los estados de la moneda única. El BCE no puede prestar dinero a los países europeos, pero sí puede prestárselo a los bancos privados.
En su origen, se buscó que el BCE fuese un organismo independiente. Se argumentaba que ésa iba a ser la forma más adecuada para desvincular un poder tan sobresaliente de los intereses particulares de los políticos europeos y así evitar favoritismos. Y desde luego que lo ha sido. Los políticos o representantes públicos –aquellas personas elegidas por el pueblo mediante sufragio– no tienen acceso a las decisiones que en este organismo se adoptan, y además se ven obligados a cumplir las órdenes que de él provienen. Sin embargo, no se puede olvidar que siguen siendo personas y no robots los que ostentan el poder en el BCE, y por lo tanto los favoritismos y los intereses particulares no están fuera de toda sospecha. De los políticos se ha pasado a los banqueros y personas relacionadas con el mundo financiero: recordemos que el actual presidente del BCE –Mario Draghi – fue vicepresidente, por Europa, de
Goldman Sachs, el cuarto banco de inversión más importante del planeta; o que el primer presidente del BCE, Wim Duisenberg, fue vicepresidente del banco privado
Rabobank, una de las entidades bancarias más fuertes de Europa. Por lo tanto, si hemos de sospechar que las decisiones del BCE están favoreciendo a algún determinado sector, ya sabemos de qué sector estaremos hablando.
Y ya hace tiempo que las sospechas aparecieron. Desde que estalló la crisis hemos visto cómo se han rescatado instituciones financieras
inyectando en torno a 880.000 millones de euros con dinero público mientras al resto de la población se le ha limitado el crédito (el crédito a las pequeñas y medianas empresas
se ha reducido a la mitad en tan sólo cuatro años; y el crédito a los hogares ha caído hasta
alcanzar un ritmo negativo del 4% en términos anuales y a precios reales).
Hemos visto cómo la estructura financiera de Europa permite a los especuladores financieros actuar a sus anchas incluso hasta poner contra la pared a economías tan importantes como Italia, Francia o Reino Unido; o cómo esta misma estructura
ha permitido que los bancos comerciales abandonen poco a poco su actividad tradicional de conceder préstamos para pasar a especular en los casinos financieros. Hemos visto cómo desde la Unión Europea se ha obligado a los países integrantes a incluir en la Constitución que el pago a los acreedores financieros tiene que ser prioritario frente a otros pagos como salarios o pensiones.
Hemos visto cómo los dirigentes europeos fueron cómplices de la falsificación contable que el banco de inversión Goldman Sachs realizó con las cuentas de Grecia a pesar de los problemas que le acarrearía a la población griega y sólo para evitar desprestigiar a la moneda única. Y hemos visto cómo el BCE
concedió liquidez con condiciones históricamente favorables por valor de 489.000 millones de euros a la banca privada europea, y cómo estos mismos bancos en vez de prestar el dinero a familias o empresas
los han vuelto a depositar en el propio BCE para obtener rentabilidades.
Demasiados “errores” cometidos por el BCE y la Unión Europea. Da la impresión de que las instituciones financieras le están tomando el pelo –y de forma muy exagerada– a los dirigentes europeos. Pero la realidad es que ninguna persona con unas mínimas nociones de economía y dispuesta a solucionar los problemas pasaría por todo lo que están pasando los responsables de las instituciones de la Unión Europea. No se trata, por tanto, de errores en política económica. Se trata de decisiones meditadas que anteponen los intereses de los financieros a los intereses de los estados y, por ende, del resto de la ciudadanía. Y no son pocas las personas que ya ven evidente esta alianza entre los altos círculos europeos y la élite financiera: Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía 2001) denuncia que “el BCE está anteponiendo el interés de los bancos al de los países y los ciudadanos”. Otro experto economista como Mike Whitney resume este hecho así: “Draghi (presidente del BCE) quiere impulsar su llamado pacto fiscal que consagra por ley la disciplina presupuestaria y las medidas de austeridad contrarias a los trabajadores a fin de que los presupuestos nacionales sean controlados por las élites financieras (es decir, los “tecnócratas” designados por el BCE.) Naturalmente, los países no van a entregar ese tipo de autoridad sin oponer resistencia, por lo que Draghi está dejando que la crisis se escape de la mano para tener menos resistencia.” Por su parte, el economista Dean Baker sostiene que “la gente que nos trajo la crisis de la Eurozona está trabajando sin descanso para redefinirla a fin de beneficiarse políticamente”. Además, añade: “la crisis de la eurozona, definitivamente, no es una historia de países con el gasto fuera de control que estén recibiendo su merecido en el mercado de bonos… Es una historia de países víctimas de la mala gestión del BCE… La opinión pública debe reconocer este proceso como lo que es: guerra de clases. Los ricos están utilizando su control del BCE para desmantelar las protecciones del Estado de bienestar que disfrutan de un enorme apoyo popular”.
Corren tiempos difíciles. En épocas de prosperidad, los grupos de presión financieros podían realizar sus operaciones sin perjudicar demasiado la dinámica de los estados nacionales y sin perjudicar demasiado la vida de la mayoría de los ciudadanos. Ahora, con la crisis, esta especie de equilibrio no es posible, y el coste de superar las dificultades económicas inevitablemente hará que la balanza se incline principalmente hacia uno de los dos lados. Y en la toma de decisiones que diseñarán el curso de los acontecimientos los grupos que tienen el poder son aquellos que están estrechamente vinculados con el mundo financiero. A estas personas del mundo de las finanzas, cuyas vidas y profesiones dependen de la salud de los mercados financieros, no les importa la situación social de sus países. No les importa el estado de la educación pública, de la sanidad pública, de las pensiones públicas, ni tampoco de los salarios. Lo que les importa es seguir manteniendo un clima estable en las finanzas para poder seguir operando con la misma naturalidad con la que lo han hecho siempre. Y en la medida en que puedan, influirán sobre las decisiones políticas para que nada cambie en los mercados financieros, sin importarles en absoluto el coste que ese camino pueda significar para otros segmentos de la población.
